Brasil introduce la "ley Taylor Swift": agua gratis en grandes eventos y normas más estrictas para la venta de entradas
A comienzos de septiembre de 2026, Brasil adoptó un nuevo conjunto de normas para la seguridad del público y la protección de los consumidores en conciertos y otros grandes eventos, casi tres años después de la muerte de Ana Clara Benevides, de 23 años, durante un concierto de Taylor Swift en Rio de Janeiro. Parte de los medios internacionales denominó al conjunto de medidas la "ley Taylor Swift", aunque jurídicamente no se trata de una sola ley, sino de dos decretos presidenciales firmados el 31 de agosto por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y publicados el 1 de septiembre. El Decreto n.º 13.109 regula el acceso al agua potable y la seguridad sanitaria del público, mientras que el Decreto n.º 13.108 regula detalladamente la venta, reventa y transferencia de entradas. Según el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, el objetivo es impedir al mismo tiempo situaciones en las que los asistentes se queden sin las condiciones básicas necesarias para hidratarse y reducir los abusos en el mercado de entradas, especialmente la compra automatizada de grandes cantidades de entradas y la reventa especulativa. Las nuevas normas se aplican en todo el territorio de Brasil y representan la respuesta federal más amplia a problemas que adquirieron especial relevancia después de la tragedia ocurrida durante The Eras Tour en 2023.
El agua gratuita se convierte en una obligación para los eventos con más de 1.000 personas
El decreto sobre el agua introduce una clara diferencia entre el derecho que se aplica a todos los eventos abiertos al público y la obligación adicional para aquellos eventos en los que se esperan más de 1.000 asistentes. Según el texto del Decreto n.º 13.109, los organizadores deben permitir que los asistentes introduzcan agua potable en botellas u otros recipientes para uso personal, independientemente del tamaño del evento. El organizador puede restringir el tipo de material del que está hecho el recipiente, por ejemplo debido a un riesgo para la seguridad, pero esa restricción debe ser necesaria para proteger al público y comunicarse claramente con antelación. En los eventos en los que se esperan más de 1.000 personas, las normas van un paso más allá: los organizadores deben proporcionar agua potable gratuita mediante fuentes, grifos o envases individuales. Los puntos de agua deben instalarse en lugares a los que el público pueda acceder con facilidad, teniendo en cuenta la distribución física del recinto y el número estimado de asistentes.
La obligación no se aplica únicamente a los conciertos. El Ministerio de Justicia indica que las normas abarcan festivales, congresos, conferencias, ferias y eventos deportivos y culturales, independientemente de que se celebren al aire libre o en espacios cerrados y de que se cobre o no entrada. Los organizadores de grandes eventos también deben proporcionar espacios e infraestructuras adecuados para facilitar el acceso rápido, la intervención médica y las labores de rescate en situaciones de emergencia. La venta de agua y otras bebidas sigue estando permitida, pero la oferta comercial no puede sustituir la obligación de garantizar la disponibilidad gratuita de agua potable. El decreto ordena además a los organismos de protección de los consumidores que supervisen los precios del agua mineral en los eventos para impedir aumentos de precios injustificados y otras prácticas que puedan colocar a los consumidores en una situación especialmente desfavorable.
A diferencia de las anteriores medidas temporales, el nuevo marco no está vinculado únicamente a las olas de calor. El propio decreto introduce una norma permanente para los grandes eventos sin vincular la obligación a determinadas condiciones meteorológicas. El decreto sobre el agua entró en vigor con su publicación el 1 de septiembre de 2026. La supervisión se ha encomendado a los organismos del Sistema Nacional de Protección del Consumidor, y el incumplimiento de las normas puede dar lugar a sanciones administrativas previstas en el Código de Defensa del Consumidor y, cuando se cumplan las condiciones correspondientes, a otras consecuencias civiles, penales y administrativas.
La muerte de Ana Clara Benevides cambió el debate sobre la seguridad en los conciertos
El contexto político y social inmediato de las nuevas normas se remonta al 17 de noviembre de 2023, cuando Ana Clara Benevides Machado, una estudiante de 23 años, murió después de sentirse mal durante un concierto de Taylor Swift en el estadio Nilton Santos de Rio de Janeiro. Associated Press, citando un informe forense del Instituto de Medicina Legal de Rio de Janeiro, informó de que la causa de la muerte fue un agotamiento por calor relacionado con la exposición a temperaturas extremas, que provocó una parada cardiorrespiratoria. Ese mismo día, las temperaturas en la ciudad rondaban los 40 grados Celsius y el concierto se celebraba durante una intensa ola de calor. Según el mismo informe, Benevides no tenía problemas de salud previos ni se detectó un consumo abusivo de sustancias que pudiera explicar su muerte. Después del evento, los asistentes hablaron públicamente sobre problemas para acceder al agua, largas colas y las condiciones en el estadio, lo que convirtió la cuestión de la hidratación en los eventos multitudinarios en un asunto de interés nacional.
Tan solo un día después de la tragedia, la Secretaría Nacional del Consumidor, que forma parte del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, aprobó la Ordenanza n.º 35. Esta medida temporal obligaba a los organizadores de grandes eventos especialmente expuestos a altas temperaturas a permitir la entrada de botellas de agua personales y proporcionar "islas de hidratación" gratuitas. La decisión inicial tuvo una vigencia de 120 días y demostró que el Gobierno federal ya había comenzado en 2023 a considerar la hidratación como una cuestión relacionada con la protección de la vida, la salud y la seguridad de los consumidores. El decreto de agosto de 2026 eleva ahora ese enfoque a un nivel más estable y amplio, ya que las obligaciones dejan de depender de períodos declarados de altas temperaturas y el umbral de más de 1.000 asistentes determina claramente cuándo un organizador debe proporcionar agua gratuita.
El nuevo decreto federal establece un estándar nacional de protección de los consumidores. Para el público, esto significa que el derecho a introducir agua ya no debería depender únicamente de las normas de cada organizador, mientras que los organizadores deben planificar la capacidad de suministro de agua, el acceso de los servicios de emergencia y la infraestructura de seguridad como parte habitual de los eventos.
El segundo decreto se dirige contra los revendedores digitales, los bots y las comisiones ocultas
Al mismo tiempo que las normas sobre el agua, el Gobierno federal publicó el Decreto n.º 13.108 sobre la venta de entradas. Este aplica de forma más detallada el Código de Defensa del Consumidor de Brasil a la venta física y digital de entradas, incluidas taquillas, páginas web, aplicaciones y otros canales de venta. Uno de los principales objetivos es impedir la compra masiva, abusiva o especulativa de entradas, especialmente cuando se utilizan sistemas automatizados, programas informáticos y scripts que pueden acaparar en muy poco tiempo una gran parte de las entradas disponibles. Por ello, los vendedores primarios deben introducir mecanismos para vincular individualmente las entradas con los usuarios, protegerlas contra duplicaciones y falsificaciones y verificar la autenticidad y la trazabilidad de las transacciones. Para eventos con una demanda excepcionalmente elevada, el decreto también contempla herramientas como colas virtuales, el registro previo de usuarios o límites en el número de entradas por comprador.
En el mercado secundario, las plataformas y otros intermediarios deben indicar claramente que no son un canal oficial de venta. Si una entrada se vende por encima de su valor nominal, debe destacarse esa circunstancia ante el comprador, incluso inmediatamente antes de finalizar la compra. Los intermediarios deben identificar patrones de reventa profesional u organizada, eliminar anuncios vinculados con compras automatizadas u otras prácticas prohibidas y proporcionar un canal para denunciar ofertas sospechosas. El objetivo es aumentar la transparencia y dificultar la creación de un mercado secundario especulativo.
El precio debe estar claro desde el principio y los servicios adicionales no pueden añadirse automáticamente
Uno de los cambios más visibles para los compradores se refiere a la manera de mostrar el precio. Según el texto del decreto, los vendedores primarios y los intermediarios secundarios deben mostrar claramente desde el primer contacto con el comprador el precio total de la entrada e indicar por separado todas las comisiones adicionales. Se consideran abusivas las comisiones que se cobran dos veces, las que son similares entre sí sin justificación o las que no corresponden a un servicio realmente prestado. También se prohíbe añadir automáticamente servicios adicionales sin el consentimiento previo y expreso del comprador, así como cobrar comisiones sobre las que el consumidor no haya sido informado previamente. Los vendedores deben poder documentar cómo se determinaron las comisiones adicionales y relacionarlas con costes operativos o servicios concretos prestados si así lo solicitan las autoridades competentes.
El decreto también regula lo que ocurre en los últimos minutos de una compra por internet, cuando los compradores a menudo pierden una entrada porque se agota el tiempo o cambia la categoría de precio. Cuando el usuario selecciona una entrada y entra en la fase previa a la finalización de la compra, el sistema debe reservarla durante un período suficientemente largo para permitir introducir los datos necesarios y completar la transacción. Durante ese período, el precio y las comisiones mostradas previamente no pueden cambiar debido al paso a un nuevo cupo de venta, a la fijación dinámica de precios o a un mecanismo similar. El tiempo restante para completar la compra debe mostrarse en tiempo real. En las colas virtuales debe mostrarse al comprador su posición, el número estimado de usuarios que tiene por delante y el tiempo aproximado de espera hasta poder acceder a la compra.
La transferencia de una entrada debe ser gratuita y rastreable
Para los consumidores también es importante la disposición según la cual debe ser posible transferir una entrada a otra persona sin ningún coste adicional. De acuerdo con el Decreto n.º 13.108, la transferencia se realiza a través de la plataforma oficial de venta o de un sistema autorizado por esta, con el fin de actualizar al titular de la entrada y preservar su autenticidad. Los vendedores y los intermediarios secundarios deben conservar el historial de transferencias durante al menos dos años y ponerlo a disposición de las autoridades competentes de protección de los consumidores cuando exista una solicitud motivada. Los sistemas deben registrar a los sucesivos titulares, la fecha y la hora de la transferencia y utilizar métodos adecuados de verificación de identidad, respetando las normas brasileñas de protección de datos personales. De este modo, el Gobierno intenta reducir el margen para las entradas falsas y la reventa no registrada y, al mismo tiempo, eliminar la práctica de cobrar únicamente por cambiar el nombre del titular.
Las normas también regulan la cancelación, el aplazamiento y las modificaciones significativas de un evento. En esos casos, el consumidor debe tener garantizado el reembolso de todo el importe pagado, incluidas las comisiones adicionales, si opta por el reembolso. El comprador debe poder elegir entre utilizar la entrada existente en la nueva fecha, recibir un crédito para utilizar en el futuro u obtener el reembolso completo. El decreto también confirma el derecho de desistimiento en las compras electrónicas contemplado por el Código de Defensa del Consumidor de Brasil y exige un canal específico, claro y de fácil acceso para esas solicitudes. Quedan prohibidos los procedimientos diseñados para dificultar o retrasar innecesariamente la cancelación.
Protección especial para la "meia-entrada" establecida por ley y cupos más transparentes
Brasil dispone de un sistema legal conocido como meia-entrada, es decir, entradas a mitad de precio para determinados grupos que cumplen los requisitos establecidos por la legislación. El nuevo decreto prohíbe expresamente las prácticas que reduzcan artificialmente la disponibilidad de esas entradas por debajo de la proporción legal, creen obstáculos técnicos o de registro desproporcionados o cobren comisiones que en la práctica impidan ejercer ese derecho. Las entradas promocionales y los descuentos comerciales ofrecidos voluntariamente por el organizador no pueden contabilizarse dentro del porcentaje legal de entradas meia-entrada. Los vendedores primarios deben publicar el número total de entradas disponibles, incluidas las que están sujetas a ese derecho, y después del evento también deben publicar la proporción de entradas efectivamente vendidas bajo esa modalidad.
Las normas sobre la venta de entradas contienen una excepción importante: no se aplican a las entradas para eventos deportivos regulados por la Ley brasileña n.º 14.597 de 2023. Esa excepción afecta al decreto sobre la comercialización de entradas, pero no al decreto sobre el agua, que menciona expresamente los eventos deportivos entre los eventos abiertos al público. La mayoría de las disposiciones sobre la venta de entradas se aplican desde la publicación del decreto, mientras que un conjunto de normas técnicamente más exigentes - entre ellas las medidas contra la compra masiva automatizada, parte de las obligaciones de los intermediarios secundarios, las reglas sobre la reserva temporal de entradas y las disposiciones relativas al desistimiento digital y la transferencia de titularidad - entra en vigor 20 días después de la publicación. De este modo, las empresas disponen de un breve período de transición para adaptar sus sistemas.
De una tragedia en un concierto a un estándar nacional
Los dos decretos vinculan conjuntamente la seguridad física del público con la protección digital de los consumidores. Uno responde a riesgos como el agotamiento por calor, las dificultades para acceder al agua y la lentitud de la atención de emergencia, mientras que el otro se dirige contra las compras automatizadas, las comisiones poco claras, la reventa especulativa y las complicadas transferencias de entradas. La muerte de Ana Clara Benevides en 2023 fue un impulso clave para convertir parte de las medidas que comenzaron como una respuesta temporal en un marco nacional más permanente.
Para los organizadores, esto significa que el número y la ubicación de los puntos de agua gratuita, los tipos de recipientes permitidos, el acceso de los servicios de emergencia y el método de venta de las entradas pasan a formar parte de la planificación habitual. Las plataformas de venta y reventa deben combatir con mayor intensidad los abusos automatizados, conservar los datos exigidos y mostrar los precios con mayor claridad. Para los asistentes, el cambio más simbólico es sencillo: una botella personal de agua ya no debería ser automáticamente un motivo para impedir la entrada y, en eventos con más de 1.000 personas, el organizador también debe garantizar la hidratación gratuita.
Las nuevas normas no eliminarán por sí solas todos los riesgos de los eventos multitudinarios, ya que su eficacia dependerá de la supervisión, la infraestructura y la aplicación sobre el terreno. Aun así, el marco jurídico determina ahora con mucha mayor precisión qué se espera de los organizadores y vendedores. Las autoridades brasileñas han convertido así la experiencia de 2023 en obligaciones nacionales que se aplican a una amplia variedad de eventos, y no únicamente a conciertos o períodos de calor extremo. Un caso que comenzó como la tragedia de una seguidora de Taylor Swift se ha convertido de este modo en un punto de referencia para una reforma más amplia de la seguridad del público y de los derechos de los consumidores en Brasil.
Fuentes:
- Presidencia de Brasil - Decreto n.º 13.109 del 31 de agosto de 2026, normas sobre el acceso al agua potable y la protección de la salud en eventos (enlace)
- Cámara de Diputados de Brasil - texto oficial del Decreto n.º 13.108 del 31 de agosto de 2026, normas sobre la venta, reventa, comisiones y transferencia de entradas (enlace)
- Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil - explicación de la obligación de proporcionar agua potable gratuita en eventos con más de 1.000 asistentes (enlace)
- Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil - resumen de las nuevas normas para la compra y reventa de entradas, las colas virtuales, las comisiones y la transferencia gratuita de titularidad (enlace)
- Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil / Senacon - Ordenanza n.º 35 de noviembre de 2023, medidas temporales de protección de la salud y acceso al agua tras el evento de Rio de Janeiro (enlace)
- UPI - informe sobre las nuevas normas brasileñas denominadas "ley Taylor Swift" por los medios internacionales (enlace)
- Associated Press - informe sobre la conclusión forense según la cual Ana Clara Benevides murió por agotamiento por calor después de un concierto de Taylor Swift en Rio de Janeiro el 17 de noviembre de 2023 (enlace)